Nueva ley de alquileres en República Dominicana ¿Qué establece?
La Ley 85-25 de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios — aprobada en 2025 en República Dominicana — redefine las reglas para los contratos de alquiler entre propietarios e inquilinos con el objetivo de brindar mayor formalidad, seguridad jurídica y equilibrio en favor de ambas partes.
La norma establece, por un lado, que para viviendas el depósito o garantía que el propietario puede exigir no puede superar el equivalente a dos meses de renta. Ese dinero puede ser depositado en instituciones bancarias como el Banco Agrícola de la República Dominicana o el Banco de Reservas, y durante el tiempo que permanezca allí genera intereses a favor del inquilino. Si al final del contrato el inmueble se entrega en buen estado, el depósito debe devolverse; si hay daños, el propietario puede retener parte o la totalidad, pero debe justificarlo por escrito con evidencias.
En cuanto al precio del alquiler, la ley regula que los aumentos no pueden exceder un 10 % anual para viviendas si no existe un acuerdo diferente entre las partes.
Respecto al uso del inmueble, el contrato debe indicar explícitamente el destino (vivienda, comercio o actividad sin fines de lucro). Si el inquilino decide usar el inmueble para un fin distinto sin autorización del propietario, esto faculta al arrendador a dar por terminado el contrato.
La ley también protege los derechos del inquilino frente a desalojos arbitrarios: los desalojos sin orden judicial quedan prohibidos. Cualquier desahucio debe seguir el procedimiento legal correspondiente.
Adicionalmente, la ley impone obligaciones al propietario — como entregar el inmueble en condiciones aptas, mantenerlo, hacer reparaciones necesarias cuando corresponda (sin derecho automático a subir la renta por ellas) — así como obligaciones al inquilino: pagar la renta en tiempo, usar el inmueble según lo pactado, conservarlo en buen estado y responder por daños causados por su uso o por sus dependientes.
En conjunto, Ley 85-25 busca profesionalizar el mercado de alquileres en República Dominicana, aumentar la seguridad jurídica, evitar abusos y proteger tanto a inquilinos como a propietarios bajo reglas claras y transparentes.
